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Publicado el 21 abril 2022

Ley Antilavado de Dinero (PLD) ¿Quiénes deben cumplirla?

¿De qué trata la Ley Antilavado de Dinero?

Conocida como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI), combate el lavado de dinero, principal financiador de la violencia y corrupción.

Ley Antilavado de Dinero intenta proteger a la economía y el sistema financiero nacional, fijando normas y procedimientos que eviten actividades económicas ilegales que a su vez propicien otros delitos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la dependencia nacional autorizada para recaudar y analizar la información oriunda de personas u organizaciones sospechosas de llevar a cabo operaciones financieras irregulares.

Esta dependencia analiza los reportes relacionados con operaciones financieras vulnerables y posteriormente entrega informes de inteligencia que son utilizados en denuncias formales ante la ley.

Para lograr el rastreo y detección eficiente del dinero ilícito, la UIF escudriña a profundidad las diversas etapas del proceso de lavado del dinero, las cuales son:

Colocación

  • Ubicar el dinero ilícito en el sistema financiera formal a través del dinero en efectivo proveniente de medios ilegales.

Estratificación

  • Una vez inserto el dinero en el sistema financiero, se esparce a otras cuentas por medio de transferencias hasta borrar su origen.

Integración

  • Se trata de reunir el dinero ingresado de modo ilegal y emplearlo en actos supuestamente legales.

Gracias a esta metodología, la UIF rastrea las redes de dinero corrupto para minimizar la financiación de otros delitos más graves como el narcotráfico, la trata de personas o la venta ilegal de armas.

Todo este trabajo organizado se realiza en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SGCP) y los organismos policiales, tanto nacionales como internacionales.

Ley antilavado de dinero

¿Quiénes deben responder a la ley antilavado de dinero?

De acuerdo a la ley, existe una lista de negocios de índole no financiero que son propensos a llevar a cabo delitos asociados al lavado de dinero.

Aunque todas las actividades económicas están en constante monitoreo por parte de las autoridades oficiales competentes, la ley menciona cuáles son las más sensibles a la inspección gubernamental.

Estas son:

  • Compra y venta de joyas. No solo incluye el oro, plata o diamantes, sino también piedras como esmeraldas, rubíes, zafiros, entre otros.
  • Venta de inmuebles.
  • Juegos de azar.
  • Tarjetas prepago.
  • Vehículos de cualquier tipo.
  • Servicios por parte de intermediarios.
  • Sorteos.
  • Préstamos a través de casas de empeño.
  • Blindaje de vehículos.
  • Servicios de custodia y traslado de valores.
  • Prestación de servicios outsourcing.
  • Fundaciones y donaciones.
  • Alquiler de inmuebles.
  • Comercio y subasta de obras de arte.
  • Emisión de cheques viajeros.


Si llevas a cabo cualquiera de estas actividades, tienes la obligación de registrarte en el portal web del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y notificar los movimientos financieros que tu negocio realice.

Especialmente, si tus ingresos superan el límite establecido por la Ley Antilavado de Dinero (PLD) que se calculan en UMA (Unidad de medida y actualización), la cual varía su valor en pesos, tanto diario, mensual como anualmente.

También, deberás efectuar los siguientes trámites para cumplir con la norma, entre ellos están:

  • Presentación de aviso la SHPC.
  • Nombrar el responsable del cumplimiento.
  • Identificación de clientes y usuarios.
  • Diseñar y mantener al día el manual de políticas y procedimientos.

¿Tus operaciones son consideradas vulnerables para la comisión de este tipo de delitos? ¿Tu organización está obligada a cumplir con los reportes y requisitos de la Ley Antilavado de Dinero (PLD)?

Te invitamos a describir Alessa, una solución de monitoreo continuo de controles y prevención de delitos financieros que ayuda a las organizaciones a identificar rápidamente actividades sospechosas y entidades de alto riesgo en programas de cumplimiento, finanzas, compras y adquisiciones.

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