Nueva Política Nacional Anticorrupción (PNA), conoce las claves y ejes de acción

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el pasado 29 de enero se aprobó por unanimidad la Política Nacional Anticorrupción (PNA) que establece la agenda para todo el Estado mexicano en materia de combate a la corrupción, articulada en torno a 40 prioridades de política pública que deberán guiar la actuación de todas las instituciones públicas del país con alguna responsabilidad en este tema.

La Política Nacional Anticorrupción es resultado de un amplio proceso de diálogo y colaboración entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas, que considera que el combate a la corrupción no es una tarea que compete exclusivamente al gobierno, sino que también se requiere de un involucramiento activo y permanente de la sociedad en este proceso; así como la corresponsabilidad del sector privado para permear una cultura de la integridad en todos los sectores del país.

Con la aprobación de este documento, nuestro país cuenta con una estrategia, de largo plazo, para combatir el problema de la corrupción de forma integral a través de cuatro ejes que a su vez tienen 10 prioridades cada una:

Eje 1: Combatir la corrupción e impunidad – Anticorrupción

1. Desarrollar programas que fomenten la coordinación entre autoridades.
2. Asegurar la coordinación entre las instituciones encargadas de la detección e investigación de hechos de corrupción.
3. Incorporar sistemas de inteligencia entre entes públicos.
4. Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones.
5. Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos.
6. Generar procesos de protección a denunciantes, alertadores, víctimas, etc.
7. Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción.
8. Generar insumos técnicos para la detección, investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas.
9. Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías anticorrupción.
10. Implementar mecanismos de gobierno abierto.

Eje 2: Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder

1. Impulsar políticas de integridad y prevención de conflictos de interés.
2. Promover programas de capacitación, certificación y desarrollo profesional.
3. Generar bases y criterios mínimos para el diseño, desarrollo y ejecución de programas de recursos humanos en el servicio público.
4. Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios profesionales de carrera en todos los ámbitos de gobierno.
5. Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción.
6. Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto.
7. Impulsar mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera.
8. Impulsar políticas de archivo que mejoren la calidad de la información.
9. Impulsar la coordinación entre entes control interno, auditoría y fiscalización.
10. Uso de metodologías de análisis de datos masivos e inteligencia artificial.

Eje 3: Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto de gobierno-sociedad:

1. Fomentar la colaboración interinstitucional para fortalecer y simplificar los puntos de contacto gobierno sociedad.
2. Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios.
3. Promover la mejora y homologación de trámites y servicios públicos.
4. Generar un sistema único que integre información sobre las políticas sociales.
5. Crear observatorios y laboratorios de innovación social para la gestión de riesgos de corrupción.
6. Fomentar la conformación de una coalición de empresas íntegras.
7. Impulsar la creación y homologación en materia de cabildeo y conflicto de interés.
8. Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto.
9. Desarrollar e implementar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones públicas.
10. Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas.

Eje 4: Involucrar a la sociedad y el sector privado

1. Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva de género.
2. Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de derechos.
3. Crear un catálogo nacional de mecanismos de participación.
4. Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales.
5. Fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana (CPC).
6. Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos internacionales.
7. Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo de proyectos de investigación.
8. Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en los poderes legislativos federal y estatales.
9. Homologar criterios para la realización de campañas de comunicación sobre la corrupción.
10. Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos.

Particularmente en el eje 4 que involucra a la sociedad y sector privado, reconocemos que la lucha contra la corrupción es de interés común y requiere acciones colectivas, cualquiera que sea el tamaño de la organización- grande, mediana o pequeña- puede fortalecerse al alinear de manera voluntaria sus procesos y controles para prevenir actos de corrupción y soborno mediante buenas prácticas dictadas por estándares internacionales como la norma ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno).

En sociedades sistemáticamente corruptas, es probable que los esfuerzos individuales por parte de activistas de la sociedad civil, empresas y organizaciones se desvanezcan y logren un éxito prolongado si no se trabajan de manera conjunta. Por ello la importancia de este tipo de iniciativas en las que diferentes sectores trabajan y se comprometen en el cumplimiento de estas políticas concretas que ayudan a definir un rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en nuestro país.

Una vez que la Política Nacional Anticorrupción ha sido aprobada, es interesante reflexionar si como individuos y como organizaciones estamos realmente comprometidos a trabajar y participar activamente en su cumplimiento.